Una propuesta legislativa popular (ILP) destinada a anular la ley 18/2013, que confiere a la tauromaquia el estatus de patrimonio cultural, se está convirtiendo en un asunto fundamental en la política de España. Esta propuesta, que ha reunido 664.777 firmas válidas, requiere que el Congreso vote sobre el futuro del toreo. Con un tiempo de seis meses para decidir, los legisladores deberán expresarse, lo cual podría definir el futuro de una tradición profundamente arraigada en la cultura española.
La normativa que se pretende anular se ratificó en 2013 y ha sido considerada por muchos como un apoyo a las corridas de toros al ser parte del patrimonio cultural del país. No obstante, una parte significativa de la sociedad y de los políticos opina que su protección limita las capacidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes deberían tener la autoridad para decidir sobre la realización de estos eventos. Los impulsores de la ILP, un grupo llamado «No Es Mi Cultura», sostienen que la tauromaquia debería ser vista como un espectáculo público común y no como un patrimonio cultural amparado por la Constitución.
Actualmente, las comunidades autónomas tienen la autoridad para regular las ferias taurinas, pero no pueden prohibirlas debido a su estatus de patrimonio cultural. La eliminación de esta protección permitiría a los gobiernos locales prohibir las corridas de toros y otros eventos taurinos si así lo deciden. Esta es la razón por la que la iniciativa ha ganado fuerza en diversas partes del país, especialmente en aquellas regiones donde la tauromaquia es menos popular.
El Congreso ahora deberá decidir si mantiene esta protección cultural o si da un paso hacia la desprotección, lo que abriría la puerta a una prohibición más generalizada de los festejos taurinos. Esta votación se perfila como una batalla política en la que los principales partidos del país se verán obligados a posicionarse. El partido en el poder, el PSOE, ha mantenido una postura ambigua respecto a este tema. Aunque históricamente ha mostrado un respeto por la tauromaquia, ha existido una división interna sobre cómo abordar su futuro. El PSOE ha mostrado apoyo a algunas iniciativas en defensa de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones controvertidas, como la eliminación de este galardón en 2024.
En contraste, la derecha y el Partido Popular rechazan la propuesta, argumentando que salvaguardar la tauromaquia es crucial para la identidad cultural de España. Por otro lado, agrupaciones como Unidas Podemos y Esquerra Republicana han promovido de manera decidida la eliminación de las corridas de toros y están de acuerdo con quienes creen que preservar la tauromaquia es algo anticuado.
El éxito de la ILP podría cambiar radicalmente el panorama taurino, permitiendo a las administraciones locales tomar decisiones sobre la celebración de estos eventos. Además, la eliminación de la ley que protege la tauromaquia también afectaría a otros aspectos relacionados, como la financiación pública para la promoción de los festejos taurinos y su inclusión en programas culturales, como el Bono Cultural Joven.
En cuanto a la práctica de la tauromaquia, los datos oficiales muestran una ligera disminución en el número de festejos en los últimos años. En 2023, se celebraron 1.474 corridas, frente a las 1.546 del año anterior. Sin embargo, estas cifras aún superan los números previos a la pandemia, lo que indica que la tauromaquia sigue siendo una tradición presente en varias regiones del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
