El PSOE sostiene que la cumbre de la OTAN ha dado impulso a Pedro Sánchez: «La legislatura podría continuar más allá de lo esperado»

El Ejecutivo central ha descartado por el momento la posibilidad de activar el estado de alarma en Cataluña, a pesar del agravamiento de la crisis hídrica que afecta a la región. Aunque la situación es considerada extremadamente delicada, fuentes del gobierno han señalado que se mantiene bajo control mediante la coordinación entre administraciones, y que no se contempla, al menos por ahora, una medida de excepción como la declaratoria de estado de alarma.

Las afirmaciones se presentan en un clima de creciente inquietud por la intensa sequía que impacta a gran parte del noreste de España, especialmente en la cuenca del río Ter-Llobregat, fuente de suministro para millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona y otras regiones urbanas y agrícolas de alta relevancia. Aunque las lluvias recientes han brindado un ligero respiro, los embalses permanecen por debajo de los niveles adecuados y las restricciones continúan en sectores como la agricultura, la industria y el uso urbano.

El gobierno central ha expresado una «gran inquietud» por el desarrollo del fenómeno, aunque se recalca que las herramientas legales y administrativas vigentes son suficientes para abordar la situación sin recurrir a medidas extraordinarias. Se ha subrayado la importancia de proceder con cautela y de manera coordinada, respetando las competencias autonómicas y evitando decisiones que puedan percibirse como una interferencia en la gestión territorial del recurso hídrico.

El Ejecutivo ha recordado que el estado de alarma, contemplado en la legislación como un instrumento de carácter extraordinario para situaciones de grave riesgo, debe ser aplicado con criterios jurídicos estrictos y bajo condiciones específicas. Aunque existe el precedente de su uso durante la pandemia de COVID-19, se considera que la sequía, por grave que sea, todavía puede ser abordada con las herramientas ordinarias disponibles en el marco autonómico y nacional.

Las autoridades de Cataluña han solicitado más rapidez en la implementación de proyectos de conexión hídrica, nuevas instalaciones de desalación y expansión de las plantas de tratamiento de aguas residuales, algunas de las cuales tienen apoyo económico del Estado y de fondos de la Unión Europea. El gobierno nacional ha confirmado su intención de cooperar y agilizar estos procedimientos, pero también ha señalado que la gestión directa del agua es responsabilidad de la administración regional.

Al mismo tiempo, se ha iniciado un equipo técnico de trabajo entre las dos administraciones, con la participación de especialistas del sector agua, que analiza escenarios a mediano y largo plazo. Algunas de las acciones propuestas incluyen inversiones en tecnología para mejorar el ahorro y la eficiencia, la actualización de redes de distribución, y campañas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua.

El efecto de la falta de lluvias ha sido especialmente intenso en las áreas rurales, donde las asociaciones de agricultores advierten sobre pérdidas económicas significativas en sus cosechas y una reducción en la generación de alimentos. Las limitaciones en el uso del agua, junto con temperaturas altas y una primavera inusualmente seca, han causado una situación crítica para numerosas explotaciones agrícolas. Criadores de ganado y productores han reportado problemas para asegurar el agua necesaria para sus animales.

En áreas urbanas, a pesar de que no se han registrado interrupciones masivas, se han implementado limitaciones en el consumo de agua para actividades no esenciales, como regar jardines, llenar piscinas o lavar automóviles. Las autoridades locales han aumentado sus esfuerzos de monitoreo para asegurar que estas restricciones se cumplan, con el fin de prevenir un escenario más grave en la temporada de verano.

Por otro lado, los especialistas en el clima están alertando que estos eventos podrían aumentar en frecuencia si no se implementan medidas de política estructural para manejar el agua como un recurso escaso. Indican que, más allá de la crisis presente, es necesaria una perspectiva estratégica que integre la sostenibilidad del agua como un elemento clave en la planificación de infraestructuras, el sistema agrícola, el crecimiento urbano y el uso de energía.

Si bien la declaración del estado de alarma se ha descartado por el momento, se continuará vigilando de cerca cómo evoluciona la situación. El gobierno ha manifestado que, si las condiciones se deterioran, se evaluarán todas las opciones disponibles para el Estado, siempre con el fin de asegurar el suministro de agua a los ciudadanos y reducir al mínimo los impactos económicos y sociales causados por su escasez.